Piden que se investigue el asesinato de Berta Cáceres, en el país más peligroso para defensores del medio ambiente

  • Un estudio calcula que al menos 101 personas fueron asesinadas sólo en Honduras entre el 2010 y el 2014 en conexión a una oleada de grandes proyectos de minería, agricultura, y de construcción de presas.
  • Desde la semana pasada, la familia de Cáceres le ha estado pidiendo al estado hondureño que se una a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para nombrar "una comisión de personas expertas que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público".
  • Cáceres contaba con órdenes de protección dictadas por una corte internacional de los derechos humanos, y sin embargo fue asesinada.
Berta Cáceres en Honduras. Foto cortesía de Goldman Environmental Prize.
Berta Cáceres en Honduras. Foto cortesía de Goldman Environmental Prize.

Hace dos semanas la activista Berta Cáceres recibió un disparo que la mató instantáneamente mientras dormía en su casa en la ciudad de La Esperanza, al oeste de Honduras.

La noticia de su asesinato dio la vuelta al mundo generando tristeza y frustración no sólo entre sus colegas y admiradores, sino también por parte de miles de personas en el mundo entero que trabajan en defensa del medio ambiente.

El caso de Cáceres es uno de miles de líderes indígenas y ambientalistas que se enfrentan a amenazas ─y a menudo la muerte─ por su trabajo en defensa de los bosques y otros recursos naturales.

“Berta recibió miles de amenazas. Su arma era su voz”, dijo su hermano Gustavo Cáceres en una entrevista con el periódico hondureño, La Prensa. “La amenazaban por su lucha valiente y por los ricos recursos de nuestro territorio. Berta era un tesoro precioso en la lucha por los derechos de la población indígena”.

Pocos días después de su asesinato, la madre de Cáceres también reveló que la policía hondureña estaba investigando el crimen como un intento de robo. “Pero todos sabemos que fue por su lucha”, dijo.

Cáceres pertenecía al pueblo lenca ─”lugar de muchas aguas” en el idioma que lleva el mismo nombre─, una etnia que ha ocupado parte del territorio de Honduras y El Salvador desde antes de la era colonial. Hay más 100.000 personas lencas en Honduras, y alrededor de 37.000 en El Salvador.

Junto a su ex-esposo Salvador Zúniga, Cáceres fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con la meta de defender los derechos humanos y territoriales del pueblo lenca al occidente de su país. Se convirtió en una firme opositora a las presas hidroeléctricas en la región, y a otros proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales que afectaban a aquellos territorios.

Momentos después de su asesinato, Gustavo Cáceres le pidió al presidente Juan Orlando Hernández que se asegurara de que la muerte de su hermana no terminara “como una estadística más en la violencia del país”. Durante una conferencia de prensa, Cáceres le recordó a los periodistas que su hermana contaba con órdenes de protección dictadas por una corte internacional de los derechos humanos, y sin embargo fue asesinada.

En su Reporte Anual del 2016, la organización Front Line Defenders de Irlanda descubrió que el 45 por ciento de las muertes de defensores de derechos humanos en todo el mundo están conectadas con la defensa de tierras, y los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas.

El análisis ¿Cuántos Más? de la organización Global Witness calculó que al menos 101 personas fueron asesinadas sólo en Honduras entre el 2010 y el 2014 en conexión con una oleada de grandes proyectos de minería, agricultura, y de construcción de presas. Eso significa que, en promedio, más de dos personas a la semana fueron asesinadas en el país por su trabajo en defensa del medio ambiente ─haciendo que Honduras se convierta en el lugar más peligroso para activistas como Cáceres.

“Global Witness apela a los Gobiernos y a la comunidad internacional para que supervisen, investiguen y castiguen estos crímenes”, pidió el documento. “Y a Honduras para que aborde estos abusos en su próximo examen de la situación de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. Ha pasado un año desde la publicación de este análisis, pero no se han visto cambios sustanciales en la ley o en su cumplimiento con respecto a la violencia dirigida hacia los ambientalistas en Honduras.

En un país con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se teme que el asesinato de Cáceres siga impune como los de cientos de otros activistas.

Desde la semana pasada, COPINH y la familia de Cáceres le han estado pidiendo al estado hondureño que se una a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para nombrar “una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público”. También piden que se cancele inmediatamente la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, motivo de las protestas de Cáceres y del pueblo lenca por muchos años ─y de acuerdo a la familia, también la causa principal por la cual Cáceres fue asesinada.

El gobierno de Honduras no ha respondido a las demandas. Pero la empresa DESA tampoco ha opinado al respecto. A través del sitio de periodismo investigativo, The Intercept, un portavoz dijo que la compañía “no ha dado ninguna declaración ni tienen previsto hacerlo hasta que las autoridades encargadas de la investigación determinen las causas y los responsables de este lamentable incidente que acabó con la vida de la líder indígena Berta Cáceres”.

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